Milenio
Al gobierno estadunidense le preocupaba que el conflicto ocurrido en Oaxaca en 2006 diera pie a otros grupos radicales para levantarse contra el gobierno, según cables desclasificados de la embajada entonces a cargo de Tony Garza.
La embajada de Estados Unidos en México alertó al presidente George W. Bush sobre la crisis social de Oaxaca en 2006.
El gobierno de Estados Unidos temió que el conflicto social ocurrido en Oaxaca en 2006 llegara a extenderse por México y diera pie a otros grupos radicales para levantarse contra el gobierno, revelan documentos desclasificados de la embajada de Estados Unidos.
Los cables detallan que, en opinión de Washington, Ulises Ruiz “usó mercenarios” para sostenerse en el poder, que Elba Esther Gordillo quiso aprovechar el conflicto para su beneficio político personal y que el gobierno federal se atemorizó ante el riesgo de un “estallido más amplio”.
Las comunicaciones diplomáticas, desclasificadas mediante la Ley de Acceso a la Información de Estados Unidos, desnudan la opinióndel gobierno de George W. Bush en torno al conflicto social, sobre el cual la embajada mantuvo una comunicación constante con las áreas de seguridad estadunidenses durante unos seis meses.
Que México pudiera incendiarse, se desprende de los documentos, fue la principal preocupación estadunidense en ese año, marcado también por la rebelión de Andrés Manuel López Obrador tras las elecciones del 2 de julio.
A petición de MILENIO, el Departamento de Estado desclasificó parcialmente más de 50 cuartillas de comunicaciones internas de su embajada en México relacionadas al conflicto oaxaqueño. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) por el contrario, clasificó por 30 años toda la información que posee al respecto “por orden ejecutiva”.
En las primeras horas del 30 de octubre de 2006 un mensaje urgente fue enviado por la embajada de Estados Unidos a distintas oficinas en Washington, entre ellas la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional, la CIA, el Departamento de Seguridad Interna y los Comandos del Norte y el Sur del Pentágono.
El motivo de la comunicación: el inicio del fin de la revuelta oaxaqueña, la entrada de la Policía Federal Preventiva para retomar el control de Oaxaca y aplastar a la Asamblea Popular de los Pueblos.
“La crisis en Oaxaca ha alcanzado un nuevo nivel”, se leía en el mensaje, marcado como “sensible” y con “prioridad 3959”, argot empleado para definir documentos que sólo pueden ser vistos por los funcionarios de más alto nivel.
Redactado por la oficina del entonces embajador Tony Garza para ser leído sólo por el presidente Bush y otros ocho oficiales, el cable advertía: “El gobierno mexicano interviene en Oaxaca. La crisis entró a una nueva fase crítica con el envío de la Policía Federal Preventiva al estado tras la muerte de tres personas el 27 de octubre, incluyendo la del periodista estadunidense Brad Will. El potencial de violencia en los próximos días es alto”.
Añade: “El gobierno mexicano tiene que contener ya el conflicto de forma efectiva. Por meses, una de las principales preocupaciones de la crisis política en Oaxaca ha sido la de que se derrame la inestabilidad a otras áreas de la nación”.
En el cable, cuyo contenido total fue clasificado hasta 2016 para “no poner en riesgo las actividades internacionales de Estados Unidos”, se estima además: “Lo que comenzó como una acción rutinaria de protesta ha escalado hasta un movimiento más amplio que podría estar siendo explotado por grupos radicales”.
Y explica precisamente que por temor a una revuelta nacional la administración de Vicente Fox realmente nunca consideró remover a Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca: “Muchos en el gobierno federal temen que remover al gobernador sentaría un mal precedente. No quieren dar un enemigo común a los distintos grupos radicales de México”.
Y explica precisamente que por temor a una revuelta nacional la administración de Vicente Fox realmente nunca consideró remover a Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca: “Muchos en el gobierno federal temen que remover al gobernador sentaría un mal precedente. No quieren dar un enemigo común a los distintos grupos radicales de México”.
Así, con microscopio y con los focos rojos prendidos, es como Washington siguió los días finales del conflicto que en 2006 paralizó al estado, orilló a los oaxaqueños a la antesala de una guerra civil y llevó a la embajada de Estados Unidos a preocuparse por un posible contagio en el resto del país.
Hoy hace tres años, al enviar la comunicación de madrugada e incluso mientras la Policía Federal Preventiva se desplegaba en la capital del estado, la embajada estadunidense comenzó a hacer cálculos sobre si el conflicto podría llevar a México a una situación de estallido social.
“Este cable analizará las implicaciones de la intervención federal, cómo podría impactar el balance del poder en México y cuáles son los posibles escenarios para el futuro de Oaxaca”, indicó la embajada a sus mandos en Estados Unidos.
Sin embargo, una de las reflexiones establece que la llegada de la PFP literalmente salvó el pellejo al gobernador oaxaqueño. “Por el momento no queda claro qué tanta presión pueda ejercer todavía la APPO (…) pero queda claro que la intervención federal ha salvado a Ruiz, al limitar la autonomía de la APPO en Oaxaca”, se expone.
Como si de una invasión a otro país se tratara, la embajada estadunidense calculó que la operación de pacificación de la PFP “podría funcionar” en Oaxaca si los mandos de la policía lograban contener a sus subalternos de cometer violaciones a los derechos de la población civil.
“El gobierno mexicano mantendrá la legitimidad de la presencia de sus policías si esa presencia se mantiene relativamente pacífica y el gobierno mexicano sostiene que esta es la única forma de mantener el orden”, consideró.
Los cables no dejan duda de que desde Washington se tuvo una opinión claramente negativa sobre el papel jugado en el conflicto por el gobernador Ulises Ruiz y la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo.
Del primero, la embajada advirtió que era “un hombre de mano dura sin apoyo popular” que se sostuvo “en base a mercenarios”. Uno de los cables, fechado en agosto, da cuenta de que el gobernador oaxaqueño ya era considerado entonces como un “fracaso”.
“…Ruiz falló en incorporar sus programas las molestias de sus opositores y no tuvo la capacidad política de construir coaliciones capaces de gobernar”, se lee en un fragmento. “El ataque al periódico Noticias fue hecho por sus mercenarios, nos dicen observadores”, se lee en otro.
Uno más: “nuestros contactos nos dicen que el gobernador carece de toda legitimidad y está desesperado”. Otro: “nunca recuperará su autoridad”. Y otro: “se especula que la muerte de José Jiménez (un integrante de la APPO, baleado el 10 de agosto) fue realizada por pistoleros leales a Ruiz”.
De Gordillo, Washington dejó en claro que su ingreso a las negociaciones hacia el final del conflicto, más que ayudar, terminó por complicar la crisis oaxaqueña.
“En vez de seguir con negociaciones infructuosas, el gobierno federal prefirió pedir apoyo a Gordillo, pero mientras los federales ofrecían la zanahoria, Gordillo les daba (a la APPO) con el palo”, se resume en un fragmento fechado el 6 de octubre.
Incluso, se acusa a la lideresa del SNTE de haber saltado a las negociaciones por codicia: “La decisión de Gordillo de intervenir en la situación de Oaxaca fue influenciada, muy probablemente, por el hecho de que el gobierno mexicano ofreció al SNTE una gran cantidad de dinero (…) cerca de 3.8 mil millones de dólares a lo largo de seis años”.
